ASPECTOS JURÍDICO-PROCESALES DE LA ACCIÓN DIRECTA EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

I. Introducción

Desde la promulgación de la Ley de Contrato de Seguro allá por el año 1980, uno de los preceptos que ha despertado una mayor controversia (pese a dictarse como una respuesta legal a la realidad jurídica imperante), ha sido el artículo 76 de la misma, lo que ha dado lugar a importantes estudios doctrinales y diversas posturas jurisprudenciales.

Como sabemos, este precepto regula la acción directa que puede ejercitar el perjudicado contra la entidad aseguradora, para lo cual crea “ex lege” la ficción consistente en un derecho propio -sustantivo y procesal- del perjudicado frente al asegurador, con el propósito, de una parte, de que aquél obtenga un resarcimiento más rápido mediante el ejercicio de esa acción contra el asegurador –cuya solvencia es presumible- y, de otra parte, tratar de eludir la vía indirecta en virtud de la cual el perjudicado habría de reclamar al causante del daño y éste a su vez al asegurador, lo que provocaría una innecesaria litigiosidad. De esta forma, el tercero perjudicado tiene dos derechos frente a dos obligados: contra el asegurado-causante del daño y contra el asegurador, comportándose  esta acción como un mecanismo de protección de aquél.

Ahora bien, la acción directa no es automática, para que pueda ser estimada es requisito ineludible la previa existencia de responsabilidad del asegurado, toda vez que lo que cubre el seguro de responsabilidad civil no es un daño sino la responsabilidad del asegurado, y pese a que esta acción se pueda ejercitar procesalmente de manera independiente de la acción contra el responsable (asegurado) al no ser subsidiaria de ésta, no se puede ignorar que materialmente está vinculada con el objeto asegurado recogido en el contrato de seguro, lo que permitirá al asegurador negar la eventual responsabilidad del asegurado.

Desde la dogmática jurídica esta acción directa ha suscitado innumerables interrogantes –dado que la ley es poco exhaustiva- girando todos ellos sobre la posición que ocupa en ese triangulo subjetivo el asegurador, quien, no está vinculado contractualmente con el perjudicado ni tampoco es responsable de daño alguno aunque si pueda ser considerado como garante de la obligación de indemnizar.  Así las cosas, el hecho de que esta acción sea un artificio legal con escaso tratamiento por parte del legislador, ha provocado que la jurisprudencia haya tenido que ir dando forma jurídica a la misma, respondiendo a diferentes cuestiones prácticas que se han ido suscitando.

Pues bien, en el presente artículo abordaremos algunas de estas cuestiones jurídico-procesales, especialmente, aquéllas que han necesitado de una mayor concreción doctrinal y judicial. Así, partimos del análisis de la naturaleza del vínculo que en los Seguros de Responsabilidad Civil tiene el asegurador con el perjudicado, para abordar después una cuestión de índole estrictamente procesal, como es la competencia jurisdiccional en caso de ejercicio exclusivo de la acción contra el asegurador de un Ente Público; luego nos centramos en el controvertido problema de las excepciones oponibles por el asegurador; y, tras dar un repaso a los plazos de prescripción de esta acción así como la posible reserva para un proceso ulterior de la valoración de los daños después de la estimación judicial de la acción directa, abordamos cual es la situación actual de la misma en los supuestos en los que la entidad aseguradora otorga cobertura a una eventual responsabilidad civil profesional, de manera que el asegurado tiene un negocio jurídico suscrito con el perjudicado siendo además aquél un profesional que presta sus servicios profesionales, y aquélla se dirige exclusivamente contra el asegurador,  toda vez que ello puede ocasionar anomalías de índole procesal y, en última instancia, incluso, situaciones de indefensión en el asegurado no demandado.

II. Naturaleza del vínculo jurídico del asegurador.

Una de las primeras cuestiones que tuvo que abordar el Tribunal Supremo es tratar de esclarecer la naturaleza del vínculo jurídico que liga al asegurador con la deuda de responsabilidad, sin que podamos decir que exista una justificación técnico-jurídica que pueda ser convincente.

La doctrina jurisprudencial ha tratado de encasillar la acción directa en institutos jurídicos con los que presenta cierta similitud; así, hemos podido constatar cómo se ha asociado al instituto jurídico de la subrogación, aduciendo que asegurador y asegurado son responsables ante la víctima del daño, uno directo –el asegurado-, y la aseguradora por subrogación, por consiguiente al existir unidad de objeto en el asegurador y en el asegurado, que es la indemnización a la víctima, se produce una solidaridad legal (Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil- de 28 marzo 1983. RJ 1983\1647); asimismo, se trató se asemejar a un contrato a favor de tercero, pues así lo vino entendiendo la jurisprudencia antes de la vigencia de la Ley de Contrato de Seguro, al otorgar al perjudicado el carácter de tercero en el seguro de responsabilidad civil, provisto de acción directa procedente de la estipulación en su favor contenida dentro del contrato; ahora bien, esa estipulación de naturaleza específica para ese contrato quedaba excluida por su especificidad del requisito que genéricamente y para las estipulaciones en favor de tercero prevenía el párrafo segundo del artículo 1257 del Código Civil de haber de ser aceptadas por el tercero declarándolo así al obligado antes de que haya sido revocada por el estipulante (Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil-, de 15 noviembre 1986. RJ 1986\6435).

No obstante lo anterior, la línea jurisprudencial imperante desde antiguo y recogida hoy en la más reciente jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal (Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil, Sección 1ª- núm. 71/2014 de 25 febrero. RJ 2014\1155), conecta a los dos obligados (asegurado y asegurador) con un vínculo de solidaridad, entendiendo que ambos son deudores solidarios de una misma prestación y que cumplen la misma función de resarcir al perjudicado (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1993. RJ 1993, 3464), si bien, quedando el derecho del perjudicado contra el asegurador limitado a la suma asegurada y justificando la solidaridad a la luz del tenor literal del  artículo 1140  CC -pese al distinto contenido obligacional de ambos deudores-, cuando aduce que acreedores y deudores “no estén ligados del propio modo”.

Ahora bien, en modo alguno podemos compartir lo aducido por el Tribunal Supremo de que “la acción que se ejercita contra el asegurador es la misma que la que fue dirigida previamente contra su asegurada”, (SSTS 1 de febrero 2007 y de 1 de octubre 2008 ), pues es evidente que son acciones radicalmente distintas que tienen en común el compartir el mismo límite sustancial y temporal -la acción contra el asegurado impone estos límites a la acción directa-, pero sin que esa solidaridad opere del modo recogido en nuestra legislación civil: ni las excepciones oponibles son las mismas que en cualquier otro vínculo de solidaridad, ni la acción de repetición presenta los mismos caracteres en caso de pago por parte del asegurador, ni, en definitiva, el origen último de la obligación del asegurador (la ley) tiene porque ser el mismo.

En nuestra opinión, quizás lo más acertado no sea tratar de encasillar a la acción directa en una u otra institución jurídica, al tratarse de una figura jurídico-procesal “sui generis”, postura ésta que parece casar más con lo que el Tribunal Supremo postulaba sobre la misma antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrato de Seguro (aludiendo sin más a una relación entre perjudicado y asegurador creada por el contrato de seguro y de naturaleza contractual [sentencias de esta Sala de 2 de junio y 28 de septiembre de 1960 ( RJ 1960\2072 y RJ 1960\3150), 3 de noviembre de 1966 ( RJ 1966\4838), 18 de febrero de 1967 ( RJ 1967\787), 14 de octubre y 25 de noviembre de 1969 ( RJ 1969\4706 y RJ 1969\5508), 15 y 26 de abril de 1977 ( RJ 1977\1655 y RJ 1977\1693), 27 de noviembre de 1981 ( RJ 1981\4632), 15 y 31 de marzo de 1982 ( RJ 1982\1377 y RJ 1982\1552) y 8 de junio de 1984 ( RJ 1984\3222), entre otras], si bien, después de la promulgación de esta Ley, la causa de pedir no estaría ya en el contrato de seguro –que si fijaría los límites de la acción contra el asegurado y, por ende, de la acción directa- sino en la misma Ley que es la que determina su origen igualmente. Por tanto se trata de una acción de origen estrictamente legal, si bien, sujeta, por derivación, a los postulados del contrato de seguro firmado por el asegurado.

III. Jurisdicción competente para conocer el ejercicio exclusivo de la acción directa cuando la asegurada es Administración Pública.

Esta segunda cuestión entra dentro de los aspectos que podemos considera como puramente procesales. El hecho de que esta acción pueda ejercitarse por el perjudicado independientemente a la que le corresponde contra el asegurado ha suscitado muy distintos interrogantes. Piénsese que la acción se dirige contra un ente de naturaleza privada, que no ha intervenido en los hechos objeto de debate  y que su único sustento procesal es la Ley.

Pues bien, cuando la acción directa se ejercita acumuladamente a la acción contra el asegurado, la naturaleza pública o privada de éste es la que determina la jurisdicción competente para el conocimiento del asunto (artículo 9.4 último párr. de la LOPJ). De igual modo, tampoco hay problema, como es evidente, cuando el asegurado es un ente de Derecho Privado. En cambio, la dificultad ha venido dada cuando el asegurado no demandado es un Ente Público, y la demanda se presenta directa y exclusivamente contra su seguro. En este caso, surge la cuestión de si la competencia para el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción civil o a la contencioso-administrativa.

Esta cuestión ha sido resulta en un mismo sentido por la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Alto Tribunal, considerando que la competencia jurisdiccional corresponde al orden civil, por supuesto, en atención a la naturaleza del sujeto pasivo del proceso, de la acción ejercitada y de la vis atractiva que sigue proclamando nuestro ordenamiento  (artículo 9.2 de la LOPJ). Añadiendo, que el hecho de que para determinar la responsabilidad del asegurador haya que analizar, con los parámetros propios del derecho administrativo, la conducta de la Administración asegurada no resulta en ningún modo extravagante. El artículo 42 de la  Ley de Enjuiciamiento civil prevé tal escenario con toda naturalidad, admitiendo un examen prejudicial que sólo producirá efectos en el proceso de que se trate. La eventualidad de que en uno y otro orden (el civil y el contencioso-administrativo) se llegue a conclusiones fácticas distintas se encuentra resuelta en nuestro ordenamiento desde hace tiempo, en el que la jurisprudencia de nuestros tribunales, interpretando el artículo 24.1 de la Constitución y, en el caso de afectar al ejercicio del ius puniendi del Estado, el 25.1, ha sentado que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para diferentes órganos o instituciones públicas, de modo que, fijados por el juez de una jurisdicción, vinculan a los demás, salvo que estos últimos cuenten con elementos de juicio que no estuvieron a disposición del primero (entre otros, Auto de 28 de junio de 2004 (JUR 2005, 135730); Auto 22 de marzo de 2010 (JUR 2010, 112006); Auto de 18 de octubre de 2010; Autos de 8 y 15 de abril de 2011; Auto de 3 de octubre de 2011;      Auto de 5 de diciembre de 2011, 49/2011 (JUR 2011, 435943); Auto de 12 de marzo de 2013).

IV. De las excepciones oponibles por parte de la entidad asegurada.

Es esta cuestión la que, quizás, más elucubraciones jurisprudenciales ha despertado, fundamentalmente porque no siempre es fácil deslindar jurídicamente cuando estamos ante acciones puramente personales y cuando no.

En cualquier vínculo de solidaridad, el deudor solidario puede utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. Ahora bien, tal y como ya hemos manifestado, el vínculo existente entre el asegurado y el asegurador en el caso del seguro de responsabilidad civil, no casa con esa solidaridad puramente civilista.

El propio artículo 76 de la LCS marca las pautas aduciendo que la acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado si bien, el asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. Si bien, este precepto debe interpretarse conjuntamente con el artículo 73 de la LCS, toda vez que el asegurador responderá “dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato”, no puede responder de más.

A la luz de estos dos preceptos, el asegurador puede oponer al tercero perjudicado que el hecho causante no es objeto de cobertura, o lo que es igual, que queda fuera de la delimitación del riesgo asegurado, lo que ha llevado a la jurisprudencia a acuñar el concepto de excepciones impropias u objetivas. Véase en este sentido, la Sentencia del TS Sala 1ª, núm. 40/2009, de 23 de abril, que partiendo de la inmunidad declarada en la Ley, considera oponibles las “excepciones impropias”, al encontrar más cabida en el artículo 73 que en el 76 de la LCS, definiéndolas como “aquellos hechos impeditivos objetivos, que deriven de la ley o de la voluntad de las partes”, es decir, “aquellas condiciones establecidas en el contrato y relativas a su contenido, que podría haber opuesto frente a su asegurado en el caso de que éste fuera quien hubiese reclamado”. Ahora bien, en muchos casos la línea divisoria entre éstas y las excepciones personales no será tarea fácil. Por el contrario, no podrá oponer posibles excepciones personales derivadas del comportamiento del asegurado, como el incumplimiento por su parte de las obligaciones recogidas en el contrato o que hubieran agravado el riesgo producido –en cuanto excepciones puramente personales- así como causas limitativas de los derechos del asegurado, que igualmente encierren ese elemento interpersonal.

Así, es factible oponer por parte de la entidad aseguradora –por la lógica jurídica del contrato de seguro- que el siniestro no tenía cabida en el riesgo asegurado; que la cantidad reclamada excede de la suma asegurada y,  de igual modo, por el mismo motivo, se ha considerado oponible la existencia de franquicia en cuanto elemento de minoración de aquélla; asimismo, de manera acorde a la doctrina más autorizada[1], que venían considerando la delimitación temporal de las pólizas de responsabilidad civil como delimitación del riesgo y no como causas limitativas de los derechos del asegurado, se entienden oponibles los límites temporales. Así,  el Tribunal Supremo, Sala Primera, en la misma Sentencia antes mencionada de 23 de abril de 2009, Rec. 497/2003, Ponente Encarnación Roca Trías, viene a consolidar el principio de oponibilidad de la cláusula de ámbito temporal del contrato de seguro de responsabilidad civil frente a la víctima que ejerce la acción directa del art. 76 LCS al tratarse de cláusulas delimitadoras del riesgo, que definen de forma clara el siniestro que dará lugar a la reclamación y además, determinan el período temporal de la cobertura, que se identifica en tiempo de vigencia del contrato, dentro del que debe haberse efectuado la reclamación que obliga al asegurado a indemnizar al perjudicado; de igual modo, la propia configuración legal del contrato de seguro unida al instituto que prohíbe el enriquecimiento injusto, ha llevado a considerar excepción oponible la extinción del crédito por pago por parte del asegurado (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 4 de marzo de 2015).

En principio, estas excepciones que, en definitiva responden a la delimitación objetiva, cuantitativa o temporal del riesgo asegurado, no parecen presentar mayores problemas.

Por otro lado, las excepciones personales entre asegurador y asegurado no son oponibles a terceros, habiéndose considerado como tales: la existencia de exigencias formales en la póliza que no fueron cumplimentadas (así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 256/1996, de 1 de abril, versa sobre una obra causante de daños a terceros y, por tanto, generadoras de responsabilidad, en la que aquélla no había sido autorizada en la forma reglamentaria que recogía la póliza); especialmente, no son oponibles las conductas graves o incumplidoras del asegurado que operarían contra éste pero no así, en cuanto excepción personal, contra el perjudicado (entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, núm. 1221/2006, de 22 de noviembre).

Al hilo de lo anterior, el debate se generó al preguntarse qué ocurre con la conducta dolosa del asegurado generadora de responsabilidad civil, pues parece entrar en contradicción el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro y el artículo 76. Si una conducta dolosa no es asegurable, quedaría excluida del riesgo asegurado, lo que, en principio, privaría al perjudicado de dirigirse contra la entidad aseguradora. Sin embargo, el criterio sostenido por doctrina y jurisprudencia ha sido otro, concordante con la esencia última de la institución aseguradora y de la protección del perjudicado. En efecto, ese elemento subjetivo como es el dolo ha sido considerado como excepción personal a ejercitar contra el propio asegurado, a través de la acción de repetición prevista en la Ley –que de otro modo carecería de sentido-, y no directamente contra el perjudicado (por todas la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 200/2015 de 17 abril. RJ 2015\1199), lo que ha llevado a estimar la demandas dirigidas contra las entidades aseguradoras directamente pese a la concurrencia de dolo en el asegurado.

V. Prescripción de la acción directa.

El concepto propio del contrato de seguro lleva consigo que lo pedido contra el asegurador a través de la acción directa no pueda ser superior de lo que se hubiera podido pedir al asegurado, el asegurador puede responder de menos pero no de más que el asegurado. Pues bien, por esta misma razón el régimen jurídico al que está sometido el asegurador no podrá ser más desfavorable que el que se le presenta al asegurado.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de prescripción de las acciones contra la entidad aseguradora será el mismo que el que correspondería contra el asegurado, de manera que si la responsabilidad deriva de culpa aquiliana, el plazo de prescripción de la acción a ejercitar contra el asegurador será, igualmente, de un año (artículo 1968 del Código Civil), sin que resulte de aplicación el plazo de dos años que recoge el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro que, como señala el Alto Tribunal (Sentencia de 27 de septiembre de 2007), quedaría limitado a las acciones que tienen su origen en el contrato de seguro, entre las que no se encuentra la del artículo 76.

Del mismo modo, si la responsabilidad es contractual, el plazo de prescripción será el que corresponda a la relación jurídica contractual de la que la aseguradora responda cubriendo la responsabilidad civil de su asegurado. Pese a que algún sector doctrinal trató de establecer el plazo de un año como plazo de prescripción de la acción directa en todo caso, por supuesto que ello no entraría dentro de la lógica jurídica por muy distintas razones. Véanse los motivos que expuso la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10ª, en sentencia de 11 de marzo de 2008, rec. 466/2007, para negar el plazo de un año y considerar que la acción directa en ese caso, duraba quince años:

«a) tratándose de un derecho propio del perjudicado, ajeno al contrato de seguro, el plazo de prescripción dependerá de la naturaleza de la responsabilidad contraída por el asegurado o, dicho de otro modo, de la índole de la acción de responsabilidad de que el perjudicado sea titular. El hecho de que en el caso resuelto por las STS, Sala Primera, de 19 de septiembre de 1998 y las que a ella se remiten o la citan, se tratase de acciones fundadas en culpa extracontractual, y, por ende, apareciera abonada la aplicación del plazo previsto en el artículo 1968.2º del Código Civil no permite, a nuestro entender, generalizar el principio de que en todo caso, el plazo prescriptivo de la acción directa sea este último.

b) de la ausencia de fijación de plazo en el art. 76 LCS, de modo que ha de adoptarse la solución más conveniente a los intereses del tercero perjudicado, que es lo que expresa la STS, Sala Primera, núm. 1111/2000, de 30 de noviembre;

c) esta es, además, la solución más conforme con el tratamiento restrictivo del instituto de la prescripción, en cuanto instituto no fundado en la Justicia intrínseca y configurado como limitación del ejercicio tardío de los derechos en beneficio de la seguridad jurídica (SSTS, Sala Primera, de 6 de octubre de 1977, 10 de marzo de 1989 y núm. 405/2004, de 21 mayo)

Por supuesto que, la circunstancia de que no exista una relación contractual entre el tercero y el asegurador del causante, no convierte en extracontractual la responsabilidad del asegurador frente a quien se formula directamente la acción resarcitoria ni la somete a todo trance, sic et simpliciter, al plazo prescriptivo del art. 1968 C.C.

Curioso resulta el supuesto de Cataluña, cuya normativa civil, Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Cataluña, en su artículo 121-21 fija un plazo de prescripción trienal, entre otras, para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontractual. La cuestión sería ¿en todo supuesto de responsabilidad extracontractual la acción directa contra el asegurador estaría sujeta a un plazo de tres años? La respuesta debe ser negativa.

Así, en un supuesto de responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación de vehículos a motor acaecido en Cataluña, se negó la existencia de ese plazo trienal por parte del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno) en Sentencia núm. 533/2013 de 6 septiembre, pues se consideró que en ese caso no se trataba del ejercicio de una simple acción derivada de culpa extracontractual, sino en el ejercicio de la acción contra el Consorcio de Compensación de Seguros que nace precisamente de un derecho de carácter singular y extraordinario que no reconoce al perjudicado la legislación civil catalana sino el artículo 11.1.a) de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y el 11.3 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros , aprobado por el  Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el cual ha de cumplir la obligación de indemnizar en sustitución de la aseguradora del vehículo desconocido causante del daño, frente a la que cabía la acción directa prevista en el citado artículo 7.1 de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Y ello precisamente, a la luz del artículo 1090 del Código Civil cuando dice que las obligaciones derivadas de la ley “se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido”.

Ahora bien, fuera de ese ámbito jurídico -legal que el propio Tribunal consideró fruto de la competencia exclusiva del Estado en materia mercantil aplicable en todo el territorio nacional, si cabría aplicar el plazo de tres años para otros supuestos distintos de responsabilidad extracontractual en Cataluña.

VI. De la concreción de la valoración del daño en un proceso posterior tras la estimación de la acción directa.

Una reciente cuestión que ha tenido que abordar el Tribunal Supremo y que resulta una prueba palpable de la falta de concreción de la acción directa desde un punto de vista jurídico-procesal es si resulta viable o no limitar la acción directa a una pretensión puramente declarativa de responsabilidad, dejando para un proceso ulterior la condena a los daños derivados de esa responsabilidad.

El Alto Tribunal dio entrada a esta posibilidad en la Sentencia núm. 213/2015 de 17 abril, en cuyo supuesto la acción directa venía motivada por una eventual responsabilidad civil profesional médica. En concreto, en el caso enjuiciado un menor resultó dañado en una intervención médica y sus padres ejercitaron la acción directa contra la aseguradora del médico, solicitando se declarara la responsabilidad civil directa de la misma y dejando la cuantificación de los daños para un pleito posterior. Pues bien, en contra de principios básicos del derecho procesal –entre otros el recogido en el artículo 400 de la LEC- el Tribunal Supremo estimó la viabilidad del pedimento recogido en la demanda.

La sentencia comentada admitió el ejercicio de la acción directa contra el asegurador sin determinar la cuantía del daño, por existir una gran dificultad o imposibilidad de concretarla en la demanda, permitiendo la presentación de una nueva demanda y un nuevo litigio para esa determinación. Ahora bien, a la luz de distintos principios que rigen nuestro derecho procesal: economía procesal, concentración, no indefensión, preclusión temporal en el ejercicio de acciones, entre otros, ¿tiene sentido esta línea jurisprudencial? Siendo lógica la salida del Tribunal Supremo –al no dejar sin indemnización al perjudicado cuando hay responsable declarado-, no deja de ser una postura débil desde un punto de vista técnico-procesal.

En nuestra opinión, esta solución dada por el Tribunal Supremo pone de manifiesto una evidente falta de armonización de la acción directa con el resto del sustrato jurídico que la rodea y enfatiza, más si cabe, su naturaleza artificial, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordarla quizás de una manera más exhaustiva como ponemos de manifiesto en el punto siguiente.

VII. La acción directa en supuestos de responsabilidad civil profesional.

Hasta ahora hemos podido ver como la dejadez del legislador en torno a la acción directa ha tenido que ser suplida por los tribunales de justicia. Por otro lado, existen ámbitos del seguro de responsabilidad civil en los que, quizás, esta acción requiera de una mayor concreción motivada por los intereses que están en juego. Pues bien, a nuestro juicio el ámbito del seguro de responsabilidad civil profesional es uno de ellos, toda vez que pueden existir intereses contrapuestos o dispares entre el asegurador y el asegurado-profesional que justifiquen nuevos cauces procesales y materiales a la acción directa.

En nuestra opinión esta concreción de la acción directa debería centrarse en los siguientes aspectos:

a) Que su ejercicio deba ser siempre acumulado a la acción de responsabilidad del asegurado (de manera que éste sea oído siempre evitando su indefensión y forzando que la sentencia que recaiga produzca efectos de cosa juzgada respecto al mismo).

b) Que tenga un límite cierto consistente en la suma asegurada y las clausulas delimitativas del riesgo que aparecen recogidas con absoluta claridad en la póliza. Aspectos que deben ser examinados de inicio por el juzgador de modo que queden perfectamente delimitadas las pretensiones de todas las partes –activa y pasiva-, lo que determinará ab initio el circulo de intereses no compartido entre el asegurador y el asegurado.

A este examen previo desde un punto de vista procesal podría darse forma, por ejemplo, de cuestiones de especial o previo pronunciamiento, de manera que opuesta por el asegurador la inexistencia de cobertura o la existencia de límites cuantitativos, se resolviera cuanto antes esta cuestión, incluso, arbitrando en el primero de los casos la formula procesal que haga innecesaria la continuación del proceso respecto a aquél para el caso de constatarse la inexistencia de cobertura, lo que evitaría esfuerzos procesales inútiles y otorgaría a las partes una mayor seguridad jurídica.

c) En definitiva, otorgar una mayor claridad a la examinada acción directa evitando de este modo artimañas procesales que tengan que ser resueltas por nuestro Alto Tribunal con una intachable lógica jurídica pero también con una técnica altamente

En efecto, partiendo de que el procedimiento judicial versa sobre la existencia o no de responsabilidad del asegurado, de entrada, supone una incoherencia procesal que quien va a ser juzgado no sea parte pasiva en el mismo. Así, razones de economía procesal (dada la posibilidad de que se sustancien dos procedimientos sobre un mismo objeto e, incluso el riesgo, en estos casos, de sentencias contradictorias, por ejemplo al existir la insuficiencia de la suma asegurada y posible ulterior demanda contra el asegurado por el resto no cubierto por el seguro) y personales del asegurado (que al ser un profesional deja a expensas de su asegurador no sólo que preste éste cobertura sino también su prestigio y diligencia profesional, debiendo, en su caso, intervenir en el procedimiento judicial como testigo y no como parte) aconsejan una modificación legal en este sentido.

Si bien no es fácil dar forma técnico-jurídica a la ficción en qué consiste la acción directa, si consideramos necesario paliar estos flecos, de manera que el asegurado tenga siempre una participación activa por así recogerlo el legislador, de manera que ello permita luego aplicar los cauces procesales adecuados para darle entrada en el procedimiento judicial. Si bien asegurador y asegurado tienen un fin común en relación a la responsabilidad civil, pueden estar confrontados en otros aspectos si oponibles por el primero que aconsejan un nuevo tratamiento legal que sepa atajar la distinta naturaleza de la acción dirigida frente a uno y otro, de origen bien distinto y, por ende,  con una responsabilidad también diferente -pese a haberlas unido solidariamente la jurisprudencia por razones más practicas que técnico-jurídicas-.

Fdo. ÓSCAR SANTAELLA SÁEZ

Doctor en derecho. Abogado en  Bufete R. Pérez de la Blanca y Asociados, S.L.P

 

[1] ITURMENDI MORALES, «La delimitación temporal de la cobertura en el seguro de responsabilidad civil. Modificación del artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro», Revista de Derecho de los Seguros Privados, núm. 3, mayo-junio de 1996, pág. 746.

 

Artículo publicado en Diario La Ley, Nº 9178, Sección Doctrina, 16 de Abril de 2018, Editorial Wolters Kluwer

Oscar Santaella Sáez

Autor: Oscar Santaella Sáez

Abogado. Colegiado nº 7.061 ICA de Málaga y en el ICA de Granada nº 6.696 (en ejercicio desde el año 2008). Doctor en Derecho por la Universidad de Granada. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito del derecho privado en sus ramas de civil y procesal, así como en derecho penal.

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