El daño en la responsabilidad civil profesional del abogado

Resumen

En el ámbito de la responsabilidad civil en la que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de su quehacer profesional, hay un aspecto que ha generado importantes controversias doctrinales y jurisprudenciales como es el daño que esa declaración de responsabilidad puede generar en el cliente y que presenta ciertas peculiaridades, especialmente, cuando éste se ve privado de la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial como consecuencia de haber dejado transcurrir el letrado el plazo que le marcaba la Ley para ejercitar alguna acción o interponer un recurso.

I. De la responsabilidad profesional del abogado

La diversidad casuística de supuestos de declaración de responsabilidad civil profesional de los abogados hace que no sea sencillo marcar los presupuestos que deben concurrir para su existencia y, en consecuencia, para que nazca el deber de indemnizar, si bien, de manera genérica y a la luz de la jurisprudencia sentada por el Alto Tribunal se pueden considerar los siguientes: 1) el incumplimiento del deber del profesional o vulneración de la «ley artis». La obligación del abogado, en cuanto el contrato que lo une con el cliente es un contrato de gestión, es siempre de medios o actividades y no de resultado, de modo que el profesional, con tal de que actué conforme a esa «lex artis», no puede considerarse responsable del resultado, y es el actor quien tiene la carga de probar que se ha infringido por el profesional dicha «lex artis», sin que baste una mera afirmación; 2) la existencia de un daño efectivo consistente, por lo general, en la disminución de las posibilidades de defensa; 3) la existencia de un nexo de causalidad, valorado con criterios jurídicos de imputación objetiva; 4) la fijación de la indemnización equivalente al daño sufrido o proporcional a la pérdida de oportunidades (STS de 10 de junio de 2015 (LA LEY 79600/2015), que cita las SSTS 22 abril de 2013 (LA LEY 66042/2013) y 20 mayo de 2014 (LA LEY 61892/2014)).

Pues bien, partiendo de lo anterior, tal y como hemos adelantado antes, nos vamos a detener en éste último aspecto, esto es, la determinación del daño y cuantificación de la indemnización derivada de la responsabilidad civil profesional del abogado, aspectos, que sin ninguna duda, se encuentra interrelacionados.

Como señaló el Tribunal Supremo en la Sentencia de 28 de julio de 2003 (LA LEY 2682/2003), el espinoso problema de la fijación de la indemnización de daños y perjuicios en sede de responsabilidad civil de abogados y procuradores han venido siendo examinados en diversas sentencias de este Tribunal, en las cuales se han contemplado los diversos conceptos indemnizables y los variados criterios que se pueden tomar en cuenta para cuantificarlos.

II. Tipos de daños derivados de la responsabilidad civil profesional del abogado

Son dos los daños susceptibles de indemnización en la responsabilidad profesional del abogado: el material y el moral

Pues bien, partiendo de lo anterior, de entrada podemos decir que dos son los conceptos que la practica jurisprudencial ha considerado indemnizables. Así, la citada sentencia de 28 de julio de 2003 (LA LEY 2682/2003) del Tribunal Supremo consideró como daños susceptibles de indemnización en la responsabilidad profesional del abogado:

El daño material. Cuya cuantificación, a priori, parece resultar fácilmente estimable. Piénsese, por ejemplo, en el supuesto en el que la responsabilidad profesional del abogado viene dada por no incluir en su reclamación judicial conceptos que eran estimables y que habrían sido estimados con total certeza por parte del órgano judicial. En este caso, el daño económico es perfectamente determinable, como ocurrió en la Sentencia de 14 de diciembre de 2005 (LA LEY 10770/2006) (supuesto en el que la responsabilidad profesional vino dada por la omisión de un concepto indemnizable con arreglo a la jurisprudencia consolidada de los tribunales). También se configuró como daño material la sentencia de 17 de noviembre de 1995 (LA LEY 234/1996) que declaró la responsabilidad del Abogado que no pidió la prórroga de la anotación preventiva de embargo y a consecuencia de ello el deudor vendió la finca a tercero y se colocó en insolvencia, habiéndose cuantificado el daño en la valoración que se había dado a las fincas cuya propiedad había perdido el cliente.

El daño moral. Cuya cuantificación requiere de un estudio detallado del caso concreto. Por regla general, la jurisprudencia ha reconocido la indemnización del daño moral (sentencia de 20 de mayo de 1996 —por privación del derecho al recurso que tenía a su favor la parte demandante—; 11 de noviembre de 1997 —por verse privado del derecho a que las demandas fueran estudiadas por el Tribunal de Apelación y, en su caso, por el Tribunal Supremo—; 25 de junio de 1998 (LA LEY 7902/1998) —derivado del derecho a acceder a los recursos, o a la tutela judicial efectiva—; 14 de mayo de 1999 (LA LEY 6235/1999) y 29 de mayo de 2003 (LA LEY 13175/2003).

Sin perjuicio de lo anterior, dentro de este segundo apartado, hemos podido observar un cierto confusionismo entre lo que realmente es daño moral y lo que podría tener la consideración de daño material.

En estos supuestos, el procedimiento de la valoración económica del daño, que deberá estar presidido por el principio restitutio in integrum (reparación integral) que constituye la esencia del derecho de daños, las consecuencias suelen ser distintas, especialmente en la aplicación del principio de proporcionalidad que debe presidir la relación entre la importancia del daño padecido y la cuantía de la indemnización para repararlo. Mientras todo daño moral efectivo, siempre que deba imputarse jurídicamente a su causante, debe ser objeto de compensación, aunque sea en una cuantía mínima (equivalente a esa frustración, zozobra o inquietud por desconocer que habría pasado de haberse obtenido el malavenido pronunciamiento judicial), la valoración de la pérdida de oportunidades de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado —en el caso de que hubiera sido razonablemente segura la estimación de la acción—, hasta la negación de toda indemnización —en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de normal previsibilidad—, al considerarse el daño patrimonial inexistente.

Ahora bien, la anterior reflexión, basada en un juicio de prosperabilidad de la acción o el recurso frustrado que permite conocer el resultado de ese daño material no cuantificado pero si estimable cuantitativamente, no siempre ha sido la acogida por nuestros Tribunales de justicia, y ello por esa disparidad de criterios —según hemos señalado— que se han percibido al valor la naturaleza de ese daño (moral o material) así como el diferente criterio de valoración de éste.

III. De los daños derivados de la pérdida de derechos procesales por preclusión de plazos. La pérdida de oportunidad

Si nos centramos en estos supuestos en los que el cliente sufre una pérdida de oportunidad por no poder ejercitar ya una acción —al estar prescrita— o no poder interponer un recurso —por preclusión del plazo o no advertencia al cliente—, a nuestro juicio, cuando la pretensión frustrada además de un daño moral lleva consigo un componente económico, puede constatarse, de un lado, la existencia de ese daño moral consistente en la pérdida de oportunidad considerada en sí misma que determina un perjuicio psicológico de privación de tutela judicial efectiva con independencia de la prosperabilidad o no de la pretensión; y de otro, la existencia de un daño material que dado su componente económico vendría dado por aquello que el cliente ha dejado de obtener materialmente como consecuencia del no ejercicio de la acción o no interposición del recurso correspondiente.

Esta posición que defendemos, parece ser la sentada por la jurisprudencia más reciente, que afirma que cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial, el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones, tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico. Ahora bien, no se puede en estos supuestos confundir la valoración discrecional de la compensación (que corresponde al daño moral) con el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción (que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales: SSTS de 20 de mayo de 1996, RC núm. 3091/1992 (LA LEY 6278/1996), 26 de enero de 1999 (LA LEY 2239/1999), 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003 (LA LEY 1669/2003), 30 de mayo de 2006, 28 de febrero de 2008, RC núm. 110/2001 (LA LEY 96412/2008), 3 de julio de 2008 RC núm. 98/2002, 23 de octubre de 2008, RC núm. 1687/03 (LA LEY 175932/2008), 12 de mayo de 2009, RC núm. 1141/2004 (LA LEY 58195/2009) y 9 de marzo de 2011, RC núm. 1021/2007 (LA LEY 52209/2011)).

Sin embargo, la tan variada casuística ha llevado a no pocos Tribunales de Justicia a ampliar el concepto de daño moral, poniéndolo en relación con el juicio de prosperabilidad de la pretensión no sometida a criterio judicial, esto es, al análisis más exhaustivo del pleito del pleito.

Enlazando con lo anterior, interesante resulta la diferenciación efectuada por MARTI (1) relativa a los dos criterios jurisprudenciales de enfocar el daño y la valoración de éste por negligencia profesional del abogado. La primera basada, exclusivamente, en el concepto de la oportunidad procesal perdida, al imputar al abogado negligente tan sólo la pérdida de la oportunidad de satisfacción de los intereses de su cliente, y no así la pretensión que estaba en juego y que no puede ya ejercitarse. La fundamentación de esta primera postura parte de la imposibilidad de imputar directamente al abogado el daño de la pretensión frustrada al no poder saber a ciencia cierta el resultado definitivo del pleito principal y la repercusión de la lex artis si la actuación profesional hubiera sido la correcta, y centrarse en el paso intermedio consistente en la oportunidad desechada. Esto supone circunscribir el daño existente y su valoración a lo que hemos denominado daño moral, véase en este sentido, la sentencia 25 de junio de 1998 (LA LEY 7902/1998) que, a su vez, hace a alusión a la de 11 de noviembre de 1997, que afirma que «prescindiendo totalmente, repetimos, del hipotético tratamiento (estimatorio o desestimatorio) que hubieran podido recibir los repetidos recursos de apelación, lo que es imposible tratar de averiguar ahora, lo cierto y verdad es que la negligente conducta del Procurador señor M. N., aquí recurrente al no personarse en los mismos, ocasionó un evidente y ostensible daño moral a los allí apelantes, que consistió en dejarles irremisiblemente privados del conocimiento y resolución, por el Tribunal competente, de dichos recursos de apelación y, en su caso, también de los posteriores recursos de casación, cuyo daño moral, claramente producido, es el que la sentencia recurrida ha declarado indemnizable en la cuantía ya dicha». No obstante, lo cierto es que esta línea jurisprudencial parece estar ya desfasada, siendo aplicable, eso sí, en aquellos supuestos en los que se apreciara que la pretensión que encerraba la acción fallida en ningún caso habría prosperado.

Y, por otro lado, una segunda línea jurisprudencial que se aproxima más al daño material causado por el error en el proceso, en el que habrá de enjuiciar que habría ocurrido si el abogado hubiera actuado diligentemente, esto es, cual habría sido la prosperabilidad de la pretensión frustrada lo que se conoce como el examen del «pleito del pleito» que requerirá, como señala el Alto Tribunal, una operación intelectual consistente en determinar con criterios de pura verosimilitud o probabilidad cuál habría sido el desenlace del asunto si la demanda se hubiese interpuesto o el recurso se hubiese formulado a tiempo.

Así las cosas, a la vista de lo que hemos venido comentando, las dos soluciones jurisprudenciales resultan perfectamente compatibles, siendo una y otra aplicables según el resultado que se obtenga en el juicio de probabilidad de la pretensión desechada. Así, si el juicio de probabilidad es positivo, en el sentido de que la pretensión, de no haber mediado negligencia profesional, hubiera prosperado, el juzgador podría condenar al abogado a satisfacer a su cliente una indemnización equivalente al interés que se hallaba en juego, o bien reducirla prudencialmente en función de la mayor o menor dosis de probabilidad de éxito que el propio juzgador estime que habría tenido la demanda o el recurso intempestivos. En cambio, si la respuesta es negativa, el juez deberá establecer una indemnización a favor del cliente basada en una muy subjetiva apreciación de lo que para éste ha supuesto haberse privado de la posibilidad de éxito en un juicio no entablado o en un recurso no promovido. En relación a esto último podemos reproducir la sentencia de 29 de mayo de 2003 (LA LEY 13175/2003), que, después de exponer la doctrina contenida en las sentencias que cita, adujo que «de la anterior jurisprudencia, y atendidos los matices diferenciales que en la misma figuran, forzosamente se ha de concluir que el Tribunal de instancia no la ha tenido en cuenta, cuando debía hacerlo; y ha basado la desestimación de las pretensiones de los actores en la imposibilidad, lo que es razonable, de estimar que el recurso prosperado con las consecuencias indemnizatorias descritas por los actores, que son las que hubieran tenido que figurar en la resolución favorable del recurso. Pero hay que insistir en que por el contrario no ha tenido en cuenta la obligada consecuencia de la conducta negligente, que no se discute, de la Abogada de los actores, que ha privado a éstos de la oportunidad del examen por el Tribunal Supremo del recurso que, precisamente la abogada creía necesario y estimable. Ello tiene que entenderse como un daño moral infligido a los demandantes».

Los daños moral y material no son excluyentes sino perfectamente compatibles y resarcibles a la vez

Ahora bien, también hemos constatado, aspecto que compartimos plenamente, que ambos daños (moral y material) no son excluyentes sino perfectamente compatibles y resarcibles a la vez, véase como se pronunció el Tribunal Supremo en esta sentencia núm. 18/2005 de 28 enero (LA LEY 22757/2005): «la verdadera ratio decidendi de la sentencia “a quo” que se expresa en los siguientes términos: “Junto a estos elementos, que suponen un difícil juicio de ponderación que trata de relacionar la indemnización, o, por mejor decir, el daño, con el éxito de la expectativa iniciada y perseguida en el proceso, existe un daño ajeno incluso al anterior y que ha de valorarse con este derivado del hecho de que el profesional con el incumplimiento culpable de su obligación ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), con la frustración personal que ello supone, habiendo llegado a mantener la STS de 28 de enero de 1988 que como indemnización del daño es correcta la condena a aquella persona que, con su conducta culpable, ha impedido incluso la posibilidad de obtener”».

Y, de igual modo, esta misma línea se ha constatado más recientemente, aunando en la sentencia la existencia de un daño moral (privación de ejercicio de acción por estar prescrita tras no informar) y también material (no obtener en consecuencia indemnización alguna por muerte de familiares en las que se había constatado la responsabilidad de la Administración), a la luz de un razonamiento equitativo, valorado precisamente por el Alto Tribunal al casar la sentencia recurrida estimando la demanda. El caso abordado por la ya citada sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 283/2014, de 20 mayo (LA LEY 61892/2014) y estudiada ampliamente en el terreno doctrinal [entre otros, SALAS CARCELLER (2) ], resolvió el siniestro del camping «Las Nieves» de Biescas en el que la acción de responsabilidad civil promovida por los demandantes, ahora recurrentes, contra su letrado y la aseguradora de éste se basaba en la actuación negligente de aquél en la defensa de los intereses que le habían sido encomendados respecto de la obtención de las indemnizaciones que les hubieran podido corresponder por el fallecimiento de sus respectivos familiares (cónyuge e hija de cada uno de los demandantes), habiendo sido el perjuicio que se invoca —y el origen de los daños materiales y morales que se reclaman— la prescripción de la acción para exigir responsabilidad patrimonial de la Administración —de la que no se informó al cliente— tras el archivo de las diligencias penales seguidas por el hecho. Pues bien, en esta caso, el Tribunal asume la instancia para estimar la demanda y, al abordar la cuestión siempre difícil de determinar la cuantía del daño, reconoce a favor de los demandantes las mismas indemnizaciones que han sido concedidas por el mismo suceso a otros perjudicados en similares condiciones y las cantidades reclamadas por daño moral, que se consideran adecuadas y razonables «para compensar la zozobra e incertidumbre provocadas por la negligencia de su abogado, viéndose abocados a emprender actuaciones de resultado altamente incierto mientras quienes se encontraban en su misma situación de perjudicados por el siniestro del camping “Las Nieves” obtenían sentencia favorable del orden jurisdiccional contencioso-administrativo a finales del año 2005».

De acuerdo con lo expuesto, y pese a la variedad de situaciones que se pueden producir, lo que determina que tenga una especial relevancia el aspecto casuístico, lo cierto es que existiendo negligencia profesional del abogado por vulneración de la lex artis, la existencia o no de la indemnización del daño vendrá determinada, además de por la verificación de nexo causal, desde el punto de vista del perjuicio, primero, por la posible constatación de un verdadero daño moral, entendido como la privación de poder ser sometido a criterio judicial una pretensión fundada en derecho: «pérdida de oportunidad»; y, segundo, por la probable existencia de un daño material cuantificable económicamente bien de manera directa, bien tras el examen de un juicio de probabilidad de la pretensión arruinada a consecuencia del comportamiento negligente del profesional de la abogacía.

Como cierre a este apartado, es necesario destacar que, dada la distinta naturaleza del daño que estamos analizando, la cuantificación del mismo por parte de los tribunales de justicia habrá de hacerse, en todo caso, motivadamente. No bastará con fijar una cantidad a tanto alzado derivada de la responsabilidad civil declarada por negligencia profesional, sino que resultará indispensable individualizar los conceptos que se cuantifican y razonar estos importes.

En efecto, el Tribunal Supremo ha estimado un recurso extraordinario por infracción procesal sin necesidad de entrar a analizar el recurso de casación, en la Sentencia núm. 441/2017, de 13 de julio de 2017 (LA LEY 97050/2017), al considerarse que ni el Juzgado a quo ni la Sala de apelación razonaron la cantidad fijada como daños y perjuicios por haber sido estimada la excepción de caducidad ante la interposición de una demanda que combatía un despido disciplinario, exigiendo, por ende, que se motive adecuadamente el quantum indemnizatorio. Ésta fue la exposición del Alto Tribunal: «La motivación contenida en la sentencia no expresa ni razona de forma clara cuáles son las circunstancias por las que fija a tanto alzado una determinada cantidad, y no otra, ni en qué concepto se le indemniza, con una motivación indudablemente ambigua en la que se mezcla el daño moral, el patrimonial y la pérdida de oportunidad para confirmar la sentencia del juzgado, que parece acudir al criterio de pérdida de oportunidad para indemnizar los daños y perjuicios “por cumplimiento defectuoso del contrato” en 12.000 euros, sin precisar qué oportunidades se perdieron para cuantificar de esa forma y no de otra el daño resultante de la negligencia profesional, y sin hacer lo que corresponde en estos caso, como con reiteración ha declarado esta sala, esto es un cálculo de prosperabilidad de la acción frustrada por la negligencia del letrado; todo ello después de haber estimado la existencia de negligencia, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro, lo que impide a esta sala dar una repuesta adecuada al recurso».

Esta sentencia obligó a retrotraer las actuaciones a fin de que la Sala de Apelación justificara adecuadamente el importe fijado como indemnización, precisamente, como detallaremos más adelante, por ser a los Juzgados —en primera instancia— y, luego, a las Audiencias, a quienes corresponden realizar estas valoraciones y motivaciones.

IV. Órgano judicial encargado de valorar los daños

Por último, enlazando con lo anterior, una vez que por parte del Juzgador se ha determinado la existencia de un daño material y/o moral susceptible de ser indemnizado y, según hemos señalado anteriormente, debidamente motivado, desde un punto de vista procesal cabría preguntarse si el Tribunal Supremo podría alterar la cantidad fijada previamente en concepto de indemnización por los juzgadores que le precedieron.

Pues bien, según tiene sentado nuestro Tribunal Supremo respecto a estas indemnizaciones por responsabilidad civil profesional del abogado por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales, ya cuantificadas por el Juzgado a quo y, más tarde, por el Tribunal de Apelación, no tienen acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba (SSTS de 19 de octubre de 1990, 18 de julio de 1996, 14 de julio de 2000, 15 de marzo de 2001, 30 de julio de 2008, RC núm. 616/2002 (LA LEY 132372/2008), 1 de diciembre de 2008, RC núm. 4120/2001 (LA LEY 189367/2008)), solo susceptible de revisión por error notorio o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción ( SSTS de 20 de octubre de 1988, 19 de febrero de 1990, 19 de diciembre de 1991, 25 de febrero de 1992, 15 de diciembre de 1994, 24 de marzo de 1998, 23 de noviembre de 1999, 5 de diciembre de 2000, 31 de enero de 2001, 25 de enero de 2002, 10 de junio de 2002, 3 de febrero de 2004, 28 de marzo de 2005, recurso de casación núm. 4185/1989, 21 de abril de 2005, 17 de enero de 2006, 27 de febrero de 2006 (LA LEY 20245/2006), 5 de abril de 2006, 9 de junio de 2006, 13 de junio de 2006, 16 de noviembre de 2006, 31 de octubre de 2007, RC núm. 3537/2000 (LA LEY 202423/2007), 30 de julio de 2008, RC núm. 616/2002 (LA LEY 132372/2008), 23 de octubre de 2008, RC núm. 1687/2003 (LA LEY 175932/2008), 12 de mayo de 2009, RC núm. 1141/2004 (LA LEY 58195/2009), 14 de octubre de 2009, RC núm. 461/2006 (LA LEY 205760/2009), 30 de abril de 2010, RC núm. 1165/2005 y 16 de diciembre de 2010, RC núm. 179/2008 (LA LEY 244467/2010)) o se comete una infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la determinación del quantum (SSTS de 15 de febrero de 1994, 18 de mayo de 1994, 21 de diciembre de 2006, 30 de julio de 2008, RC núm. 616/2002 (LA LEY 132372/2008) y 1 de diciembre de 2008, RC núm. 4120/2001 (LA LEY 189367/2008)).

Los daños deben ser motivados e individualizados por los juzgadores a quo sin pueda el Supremo corregir el importe de estas indemnizaciones salvo en supuestos extremos

En conclusión, los daños derivados de la declaración de responsabilidad civil profesional del abogado por negligencia en el ejercicio de sus funciones cuando se le pasa un plazo para ejercitar una acción o interponer un recurso, puede presentar dos formas: un daño moral consistente en la frustración inherente a la pérdida de obtener un pronunciamiento judicial, y un daño material si la pretensión frustrada tenía un contenido económico y podría haber prosperado la misma tras su examen posterior (cabría añadir que si la pretensión no tenía un contenido económico, obviamente, sería indemnizable, igualmente, como daño moral). Estos daños son perfectamente compatibles y no excluyentes y, en cualquiera de sus formas, deben ser motivados adecuadamente e individualizados por los juzgadores a quo y, en su caso, por las Audiencias Provinciales, sin que, por lo general, entre dentro de las facultades del Tribunal Supremo corregir el importe de estas indemnizaciones salvo en supuestos extremos.

(1)  MARTI MARTI, J. «Nuevo criterio del tribunal supremo sobre la responsabilidad civil del abogado por error en el proceso». La responsabilidad civil del Abogado y del Procurador. Editorial Bosch. 2007.

(2) SALAS CARCELLER, A. «Responsabilidad civil de abogado por negligencia profesional». Revista Aranzadi Doctrinal núm. 5/2014 parte Comentario. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2014.

Normativa comentada

RD 24 Jul. 1889 (Código Civil)

LIBRO CUARTO. DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

TÍTULO XVI. De las obligaciones que se contraen sin convenio

CAPÍTULO II. DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE CULPA O NEGLIGENCIA

Artículo 1902.

Oscar Santaella Sáez

Doctor en Derecho, Abogado.

 

Pulicado en Diario La Ley nº 9283, Sección Dossier,  el 22/10/2018

Oscar Santaella Sáez

Autor: Oscar Santaella Sáez

Abogado. Colegiado nº 7.061 ICA de Málaga y en el ICA de Granada nº 6.696 (en ejercicio desde el año 2008). Doctor en Derecho por la Universidad de Granada. Desarrolla su actividad profesional en el ámbito del derecho privado en sus ramas de civil y procesal, así como en derecho penal.

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