Entrada en vigor del Real Decreto-Ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

«Entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler»

Mañana 19 de diciembre de 2018 entra en vigor el Real Decreto-ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE 18 diciembre 2018), aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes 14 de diciembre. Dicho Real Decreto-ley contempla un conjunto de medidas e incluye modificaciones en cinco normas: Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley sobre Propiedad Horizontal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Entre las principales medidas y modificaciones que introduce, modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), en los siguientes puntos respecto a los contratos del alquiler:

  1. Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.
  2. Se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.
  3. Se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades de renta, salvo que se trate de contratos de larga duración.
  4. Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.
  5. Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador cuando éste sea persona jurídica (sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

Por otra parte, aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística aplicable (sacando a la vivienda turística de la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

También incluye medidas en favor de las comunidades de propietarios ante el fenómeno del alquiler turístico de viviendas, modificando la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para posibilitar que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, las comunidades de vecinos puedan adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda.

Asimismo, se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reformando el procedimiento de desahucio de vivienda para dar mayor protección a las familias en situación de vulnerabilidad -de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o mayores cargas familiares-, estableciendo unos plazos en los que el desahucio podrá interrumpirse (un mes si el propietario es un particular o dos meses si es persona jurídica) a instancia de los servicios sociales, y mejorar la coordinación entre éstos y los órganos judiciales.

En cuanto a las medidas fiscales, establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, y se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) contenida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando las siguientes medidas:

  1. Se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.
  2. Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.
  3. Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
  4. Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.

Finalmente, se establecen una serie de medidas de fomento de la accesibilidad universal, modificándose la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10 por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, estableciendo la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad y eliminación de barreras, así como la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 por ciento del importe de las mismas.

Estas modificaciones no tienen carácter retroactivo, esto es, no son aplicables a los contratos de arrendamiento firmados antes del día de entrada en vigor de las mismas (19 diciembre 2018), salvo acuerdo expreso entre arrendador y arrendatario de someterse al Real Decreto.

Por último, hay que tener también en cuenta que el Congreso de los Diputados tiene un plazo de 30 días para convalidar este Real Decreto-Ley desde su aprobación por el Consejo de Ministros. Si finalmente no lo convalidara, volveríamos a la situación vigente hasta hoy, si bien, los contratos firmados tras la publicación en el BOE de este Real Decreto-Ley hasta dicha fecha estarían sujetos al mismo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

nueve − cinco =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.