ENTRADA EN VIGOR DEL “NUEVO” REAL DECRETO LEY 7/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER

Aún con el recuerdo del “breve” real decreto ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que finalmente no fue convalidado por el Congreso (lo que no obsta a que se aplique y se siga aplicando a todos los contratos de alquiler celebrados entre su entrada en vigor hasta su derogación el 24 de enero de 2019) el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (publicado en el BOE de 5 de marzo), que el día 6 de marzo ha entrado en vigor y resulta de aplicación a todos los contratos de alquiler de vivienda que se celebren desde dicha entrada en vigor (eso sí, en el hipotético supuesto de que, nuevamente, el real decreto ley no fuera convalidado en el plazo máximo de 30 días, sólo regiría los contratos celebrados hasta la fecha de su no convalidación-derogación). Este nuevo real decreto ley 7/2019 vuelve acometer una importante reforma en lo que se refiere a los arrendamientos de vivienda (fundamentalmente en los mismos aspectos que ya regulaba el anterior real decreto objeto de la anterior publicación), además de otras medidas en las que especialmente se pretende proteger al arrendatario.

Cabe destacar entre las principales reformas no previstas en el anterior real decreto ley:

  • Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, posibilitando que las demandas relativas a arrendamientos se puedan tramitar en el procedimiento que corresponda a su cuantía y no por materia, a excepción de los desahucios por falta de pago y por expiración del plazo de duración del contrato y de las demandas en reclamación de rentas, que continuarán tramitándose en todo caso por el juicio verbal.
  • En cuanto a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en lo que se refiere a la prórroga del contrato de arrendamiento de vivienda (art. 10 LAU), el plazo de preaviso para el arrendador para poder notificar su voluntad de no renovar el contrato aumenta a 4 meses (2 meses para el arrendatario).
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda serán siempre a cargo del arrendador cuando éste sea persona jurídica, no admitiéndose en dicho caso acuerdo en contrario.
  • La posibilidad de actualizar la renta sólo existirá si hay pacto expreso para ello entre las partes, en la fecha que se cumpla cada año de vigencia del contrato, y con el límite máximo de la variación porcentual anual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a la fecha de cada actualización.
  • En los desahucios por falta de pago y por expiración del plazo se informará al demandado de la posibilidad de acudir a los servicios sociales que se le señalen a fin de que éstos puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad (y a los mismos efectos se comunicará por el Juzgado la existencia del proceso a los servicios sociales), y en el caso de que éstos confirmen al Juzgado que el hogar está en situación de vulnerabilidad se suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de un mes o de tres meses si el demandante es persona jurídica.

En cualquier caso, para el buen fin de éstas y de las demás reformas que prevé este nuevo real decreto ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE 5 de marzo), como hemos dicho, sería indispensable su convalidación              -ahora por la Diputación Permanente del Congreso- en el plazo máximo de 30 días, ya que, en caso contrario, la nueva regulación que establece volvería a tener una breve historia.

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